Jorge Insunza Becker ,
Ex diputado , ingeniero civil , dirigente del Partido Comunista de Chile
El gobierno de Sebastián Piñera cae progresivamente en la apreciación de los ciudadanos. El creciente rechazo a su gestión que constatan las encuestas, pese al desmesurado despliegue comunicacional del que es protagonista, lo ha empujado a adoptar nuevas consignas para tratar de revertir la situación. Con tal objetivo publicita su propuesta de 7 reformas estructurales que dice que contribuirán a la “unidad nacional”, supuesto paradigma de su gestión.
Una unidad nacional es impensable en el cuadro de las extremas desigualdades que provoca el capitalismo en general y, de una manera aún mas brutal, en sus formas neoliberales actuales.
Fue precisamente la subordinación al modelo económico, instalado por la dictadura y la derecha, la causa central de la derrota de la Concertación y su desplazamiento del gobierno, realidad que comienzan a reconocer cada vez mas numerosos integrantes de ella como el grupo Océanos Azules y muchos otros personeros individualmente.
No obstante, las políticas del gobierno de derecha apuntan a ahondar la aplicación de políticas neoliberales en una medida aún mayor que lo que se hizo en los gobiernos de la Concertación Las 7 modernizaciones que proclama tiene ese contenido. Eso significará profundizar la inequidad de la distribución del ingreso y el debilitamiento de los derechos sociales. ¿Que unidad nacional se puede construir sobre tales bases?
Las medidas puestas en marcha en el campo de la educación y la salud orientadas a debilitar (en la perspectiva de hacerlo desaparecer) el sector público en estos campos, medidas que en el caso de la educación contaron con el respaldo vergonzoso de sectores de la Concertación y también fuertes rechazos en su interior, dan cuenta de la determinación del gobierno de Piñera negar al pueblo la garantía de derechos esenciales y someter todo al mercado profundizando así la desigualdad en perjuicio de los mas pobres..
En la misma senda, se acentúan las privatizaciones de empresas públicas. En la empresas sanitarias públicas, que neoliberales de la Concertación traspasaron mayoritariamente a privados, Piñera decidió despojar al estado de toda participación que permitiría a lo menos evitar abusos extremos. A eso se agregan los pasos para avanzar a la entrega a las grandes empresas transnacionales o nacionales, parcialmente primero y totalmente después, empresas como CODELCO, ENAP, ASMAR, etc.. La potente reacción del pueblo de Magallanes a la pretensión de aumentar abusivamente el precio del gas en la región frustró, a lo menos temporalmente, el inicio de la privatización de ENAP y la profundidad de ese movimiento señera es confirmada con su propuesta de política energética para la región y el país que han dado a conocer en estos días haciendo presente que la lucha continúa.
Tratando de instalar una imagen amable de preocupación por los problemas agobiantes que vive la mayoría nacional, el gobierno de derecha ha hecho anuncios de correcciones de “ciertas injusticias” que el sistema engendra.
Anunció con gran despliegue la ampliación del postnatal de las madres de 3 meses a 6 meses. Los hechos reales son que de las 240 mil madres que dan a luz cada año, 160 mil no recibirán nada con esas medidas. Además, la ley enviada al parlamento establece el aumento de 3 meses de postnatal pero la letra chica reduce en 3 meses el fuero postnatal. Las normas para proteger a las madres que trabajan sin contrato simplemente no existen y las condiciones para las que trabajan con contratos temporales reducen a un mínimo las que podrán hacer valer derechos de pagos de postnatal. La tacañería que dicta las normas lo ratifica el hecho que en las mujeres que obtiene sueldos algo más altos, sea en el sector público o privado, los seis meses no corren: “pueden” volver a trabajar antes si no aceptan o no pueden aceptar la reducción de 50% del subsidio que el proyecto de ley establece.
Con seguridad no será diferente el trato a los pensionados en materia del 7% que se les descuenta como “seguro” de salud.
La ampliación de la brecha entre ricos y pobres es el resultado inevitable de la implementación de una política de mercado sin mínimas regulaciones estatales que garantizan el dominio de los intereses del capital.
Ello se agrava aún más porque la únicas regulaciones impuestas apuntaron a desmantelar los derechos y las capacidades de los trabajadores para defender sus intereses. La legislación laboral chilena, conquistada y construida en decenios de luchas político- sindicales, fue barrida por la adhesión ciega de la dictadura militar y sus consejeros de derecha a las políticas neoliberales: la destrucción de sindicatos, la persecución a sus dirigentes, la negación de sus derechos ciudadanos fue la norma. No obstante ello, la contribución de los trabajadores al desplazamiento de la dictadura fue el factor más determinante.
Los sucesivos gobiernos posteriores, en parte por el peso que el sistema electoral binominal que dota de derecho a veto a la derecha y que forzó un oscuro cogobierno a lo que se sumó el peso de las concepciones neoliberales al interior mismo de la coalición gobernante, frustraron la recuperación de los derechos de los trabajadores y restringieron la necesaria adecuación del movimiento sindical a las nuevas formas de producción y a la creciente concentración de la propiedad capitalista.
Persisten los problemas para la constitución de sindicatos efectivamente representativos de los trabajadores. La introducción perversa del sistema de los multirut, es decir la división arbitraria de la empresa en una supuesta multiplicidad de razones sociales que impide a los trabajadores constituir una organización sindical potente, la introducción irracional del sistema de reemplazo de los trabajadores que asumen la huelga en defensa de sus demandas que inutiliza su principal recurso de negociación, son algunas de las agresiones de la dictadura que no son aún corregidas.
En el ámbito de los trabajadores el gobierno Piñera embistió sin demora en el sector público con miles de despidos asumiendo, por una parte, la administración pública como un botín que da poder e influencia y, por otra, que facilita la privatización de funciones del servicio público que entorpecen los negocios. Es lo que cursa en el IPS (Previsión Social) para facilitar el negocio de las AFP e ISAPRES
El neoliberalismo actúa con celeridad y diligencia para asegurar reajustes de precios que garanticen los intereses de los empresarios. Por ejemplo, cada día sube la UF y con ella los pagos que deben hacer los deudores habitacionales, cada semana se reajusta el precio de las bencinas, la parafina, el gas licuado. Empresas como las ISAPRES, que convierten en negocio el derecho a la salud que la sociedad y su Estado deben garantizar, resuelven autónomamente aumentar el valor de sus planes en promedio en mas de 7%. ¿En estas condiciones, porqué no existe una forma de reajustar los sueldos y salarios acorde con el alza del costo de la vida, una escala móvil que garantice el poder adquisitivo de los sueldos y salarios de los trabajadores?
Con tales políticas es inevitable que las utilidades empresariales tengan incrementos considerables. “El Mercurio” constata el 1 de Abril que en el primer año de Piñera la empresas ligadas a los 20 mayores grupos económicos subieron sus utilidades en un 45%. En ese mismo período el reajuste de salarios en el sector público fue de 4,2%.
La revista Le Monde Diplomatique publicó recientemente antecedentes que dan cuenta de la abismante desigualdad social que estas políticas han provocado.
El producto anual del país, que asciende a casi 15 mil dólares per cápita (es decir, mas 7 millones de pesos anuales por habitante) se distribuye de forma tan desigual que casi un 20%, 1 de cada 5 chilenas y chilenos vive bajo la línea de la pobreza. Las políticas neoliberales incrementan año tras año esa desigualdad. En el año 2009 (último con cifras disponibles), describe la revista, los ingresos mensuales del 10% de menores ingresos aumentaron de113.010 a 114.005, esto es menos del 1%, mientras los del 10% de mas altos ingresos aumentó de 2.705.630 a 2.953.920 es decir un 9% en términos reales. Se trata de ingresos medidos incluyendo los traspasos del que el aparato estatal hace a los mas pobres. Si la comparación se realiza en base al ingreso autónomo las familias, esto es sin considerar los subsidios que se otorgan por el Estado, la situación es por cierto peor. El ingreso autónomo del 10% más pobre representa el 0,9% del total del producto anual en tanto el 10% mas rico se apropia del 42%. Esto es no 29 veces sino 46 veces más. ¿Que unidad nacional se puede construir sobre esas bases?
Esta división de clases que conforma la realidad nacional no se remite solo a la precaria situación de los que viven de un sueldo o un salario o la extrema exclusión de los más desvalidos. En los hechos, las políticas neoliberales afectan a la gran mayoría de la población. Muchos componentes de capas sociales con ingresos mayores (trabajadores calificados, profesionales, trabajadores independientes, micro, pequeños y medianos empresarios) son también víctimas del sistema.
Un estudio de la Cámara Nacional de Comercio ha constatado que de los 300 mil establecimientos comerciales del país un 98% son medianas, pequeñas o microempresas. Las grandes cadenas son apenas el 2% de los establecimientos. Sin embargo, esas empresas del gran capital concentran más del 50% de las ventas. En el caso de las farmacias las conocidas 3 cadenas, cuyos acuerdos de precios concertados debajo de la mesa saltan a la palestra persistentemente, realizan mas del 95% de las ventas y 500 boticas que aún resisten (de las 2000 farmacias que existían antes de que la dictadura instalara el sistema imperante), deben sobrevivir con el 5% restante. Lo mismo se repite en otros ámbitos como las ferreterías, la venta de ropas, etc..
Esta situación de precariedad de vida de millones de chilenas y chilenos se convierte no obstante en una suculenta fuente de ingresos para el capital financiero en este país de desigualdad extrema. Estamos en medio de una nueva crisis cíclica del sistema, probablemente la peor de la historia, sin embargo, los bancos, cuya responsabilidad en la profundidad de la crisis es inmensa, siguen incrementando sus utilidades a buen ritmo. Sectores de ingresos medios o menos que medios e incluso pobres afectados por sueldos, salarios o ingresos insuficientes provocados por la desigualdad, son impelidos a recurrir al endeudamiento. Entonces, la precariedad producida por el sistema se traduce en un gran negocio para los bancos. Un estudio del Banco BBVA constató que al año 2008 la relación pago de deuda sobre ingresos disponibles alcanzaba a un 60,2% y la situación sigue empeorando.
Un recurso insoslayable si se quiere avanzar de veras a terminar con la discriminación social de la mayoría de los chilenos es la corrección a fondo del sistema impositivo. La captación de impuestos en el país en extraordinariamente baja y además injusta. De hecho, los sectores de menores ingresos pagan una proporción mayor de impuestos por la vía de los impuestos indirectos como el IVA. Chile registra la mas baja tasa de impuesto a las ganancias de las empresas (en promedio 25%) muy por debajo, por cierto, de lo que recaudan los estados de la OCDE, organización a la que Chile se ha incorporado recientemente con gran despliegue publicitario de Piñera.
La CEPAL ha planteado que es necesario un pacto fiscal que permita el Estado disponer de recursos para invertir en políticas públicas que promuevan la superación de la segregación social extrema tales como educación, salud, investigación, desarrollo. Las políticas asistenciales se han mostrado estériles para dar soluciones reales. De hecho continúa profundizándose la brecha entre riqueza y pobreza, golpeando a los trabajadores y a vastos sectores medios.
Para salir de ese círculo vicioso se requiere un presupuesto nacional sustentado en una carga tributaria del orden el 40% del PIB sustentado esencialmente por los tributos de las grandes empresas, en primer lugar de las que usufructúan de nuestros recursos naturales, como el cobre y otros. Pero el gobierno de Piñera actúa precisamente en sentido contrario: para disponer de recursos para la reconstrucción demandó un falso royalty a las transnacionales del cobre retribuyéndoles con una extensión de invariabilidad tributaria. Además, hace pocos días el Ministro de Hacienda informó al país que se decidió reducir el gasto presupuestario en un 5% afectando aún más los pobres programas gubernamentales. Si sólo las 20 empresas más grandes que facturan 101 mil millones de dólares, equivalente al 50% del Producto Interno Bruto de Chile pagaran impuestos acorde con los planteados por el órgano de la ONU el presupuesto nacional se doblaría. Hoy sólo aportan decentemente al país Codelco, ENAP y Bco. Estado.
En consonancia con sus criterios empresariales, el gobierno de Piñera continúa profundizando la globalización imperialista que es la forma contemporánea del colonialismo. Se ha propuesto ampliar aún más los acuerdos de libre comercio y esa extensión continuará sobre la base de la inserción de Chile como productor de materias primas o productos con muy poco valor agregado. En los hechos la apertura del libre comercio se ha traducido en golpes severos a sectores importantes de la industria nacional desarrollada en el pasado. Eso compromete gravemente los derechos de los trabajadores. La base esencial del respeto de tales derechos es la existencia de fuentes de trabajo y eso sólo es posible asegurarlo con un nuevo tipo de desarrollo nacional que no podrá desplegarse sin romper con el sometimiento a la globalización neoliberal.
Esta realidad y la imperativa necesidad de superarla creando las condiciones para desplazar a la derecha del gobierno y frustrar su pretensión de permanecer en el poder otros períodos seduciendo a sectores de la Concertación, es el fundamento de nuestra política resuelta en el Congreso en dirección a conformar un gran movimiento de unidad y convergencia social y política que avance a la conquista de un gobierno de nuevo tipo que para serlo deberá terminar con las ataduras neoliberales.
La propuesta de una alternativa de desarrollo nacional que implique la recuperación del dominio y un fuerte incremento de la incorporación de valor agregado a nuestros recursos naturales es un elemento clave de de la construcción de esa nueva sociedad.
Ese proyecto nacional de desarrollo exige un potente impulso a la industrialización moderna del aís. Un desarrollo de nuevo tipo impone una responsabilidad del Estado para garantizar el acceso a la educación y formación profesional de calidad de nuestros niños y jóvenes y políticas de formación de trabajadores que no tuvieron posibilidades de desarrollar sus capacidades. También el Estado debe asegurar un desarrollo científico y tecnológico de alto nivel que haga posible el despliegue de iniciativas productivas de nuevo tipo y la solución de problemas acuciantes para asegurar el futuro del país. Un tema que debe ser abordado sin más tardanza es la definición del desarrollo de una política de energía que permita asegurar el desarrollo nacional y una vida normal a la población evitando degradación del medio ambiente y en esa área la visión de integración latinoamericana debe ser un factor determinante.
En ello el rol de los trabajadores y del movimiento sindical, que debemos contribuir a hacer crecer y fortalecer es decisivo para reunir en un frente común de unidad en la diversidad a todos los afectados por las políticas neoliberales lo que incluye amplios sectores de las capas medias, el diverso movimiento juvenil, los pueblos originarios, el feminismo, el vasto sector de la cultura, los defensores de los derechos humanos, los defensores del medio ambiente, todos los que desarrollan iniciativas y luchas por necesidades y derechos que el capitalismo neoliberal agrede sistemáticamente
